Nota de prensa Sentencia TEDH: Una sentencia dolorosa para demandantes y sociedad civil, pero que no legitima las devoluciones sumarias

Foto: José Palazón

La Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado la demanda de N.D y N.T contra España, en un cambio de criterio respecto a la primera sentencia de octubre de 2017. 

Es un fallo doloroso para los demandantes y para las entidades de la sociedad civil que defienden las garantías de los derechos humanos en los procedimientos de control de fronteras. Sin embargo, sería un error pensar que legitima el procedimiento de devoluciones sumarias.

Madrid, 13 de febrero de 2020. La Gran Sala del TEDH ha desestimado la demanda de N.D. y N.T. (recursos 8675/15 y 8697/15) contra el Estado Español. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) señala que el fallo es doloroso para los demandantes y para las entidades de la sociedad civil que defienden las garantías de los derechos humanos en los procedimientos de control de fronteras. Pero sería un error pensar que legitima el procedimiento del “rechazo en frontera”, es decir, de las devoluciones sumarias o “en caliente”. 

La sentencia contiene elementos doctrinales muy importantes: en primer lugar, deslegitima el concepto operativo de frontera que maneja el Ministerio del Interior. La sentencia reconoce que los demandantes habían entrado en territorio español y que estaban bajo la jurisdicción española, por lo que se les debía aplicar el ordenamiento jurídico español y el de la Unión Europea, también en lo que respecta a sus derechos humanos. Así, con carácter general, las autoridades españolas no pueden pretender que quienes han saltado la valla sin pasar la línea de contención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hayan entrado en España. Y no puede haber una norma que regule el rechazo en frontera sobre esa presuposición.

En segundo lugar, el TEDH reconoce que todo procedimiento de expulsión, devolución, inadmisión de entrada o rechazo en frontera, tiene que respetar unas garantías mínimas: identificar a la persona, conocer sus circunstancias personales, darle la posibilidad de solicitar protección y de recurrir la decisión de sacarlos forzosamente del territorio, poniendo a su disposición servicios de defensa letrada y de interpretación. Cuando se devuelve, rechaza, expulsa… a varias personas en grupo (no exige un número mínimo ni que tengan características comunes), se produce una expulsión colectiva, contraria al ordenamiento europeo de DD.HH. No puede haber una norma que regule un procedimiento en el que se desconozca el tratamiento personalizado de los casos.

Es cierto que el TEDH admite dos excepciones a las garantías de contar con un procedimiento personalizado: cuando un individuo no coopera activamente en las labores de identificación, y cuando quienes han atravesado la frontera ilegalmente fuera de los pasos fronterizos se han prevalido del efecto de la masa y del uso de la violencia. Son casos en los que luego no podrían exigir la aplicación de garantías perfectamente válidas con carácter general.

 

Hay un aspecto muy preocupante del fallo. El Tribunal desestima la alegación de que se haya producido una expulsión colectiva por cuanto los demandantes no prueban la imposibilidad de acceder a la Oficina de Asilo y Refugio del puesto fronterizo de Beni Enzar ni de solicitar asilo en la embajada de España o en alguno de los consulados. El SJM es testigo de que las personas subsaharianas nunca han podido pasar los puestos de control fronterizo marroquíes para llegar a la Oficina de Asilo y Refugio en Beni Enzar: las fuerzas de seguridad marroquíes los mantienen lejos de la frontera usando la fuerza. Es más, en el último año y medio han crecido las dificultades de acceso para personas con perfiles que antes sí podían llegar a la OAR: sirias, palestinas, iraquíes. El acceso siempre ha sido difícil para las personas yemeníes y egipcias: sólo tienen acceso expedito las marroquíes y, usando documentación ajena, las argelinas y tunecinas. Tampoco es cierto que se pueda solicitar protección internacional en la embajada y en los consulados de España. La falta de un Reglamento que desarrolle la ley de asilo de 2009 vacía de contenido la previsión legal.

SJM, dentro de la Red Migrantes con Derechos, seguirá trabajando para lograr la derogación de la Disposición Adicional Décima de la ley de extranjería, que pretende dar un barniz de legalidad a las devoluciones sumarias. En noviembre de 2018 una representación de la alianza intraeclesial comparecía en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para presentar su oposición a estas prácticas en frontera. 

(Foto: José Palazón)

Para más información, contactar con Daniel Martínez en el 686 270 634 o en comunicacion@sjme.org

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