SJM reclama que las garantías de los derechos de las personas migrantes en Melilla no queden en papel mojado

  • Tras los dos intentos de salto ocurridos en Melilla, es preciso identificar perfiles de especial vulnerabilidad y con necesidades de protección, como pueden ser potenciales solicitantes de asilo o menores de edad, además de darles a conocer sus derechos de forma individualizada.
  • Además de los rechazos en frontera acaecidos en la misma valla, preocupa que las autoridades españolas puedan iniciar procedimientos de devolución de las personas que han llegado al CETI sin haber recibido una adecuada asistencia letrada. 
  • En los hechos de estos dos días, impresiona la cantidad de heridos de consideración y preocupa la violencia que se genera y perpetúa en contextos fronterizos.

Alrededor de unas 3.000 personas han intentado saltar la valla del perímetro fronterizo de la ciudad de Melilla, de las cuales unas 850 han conseguido llegar hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Por lo que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y otras organizaciones han podido observar, muchas de las personas proceden de países subsaharianos (Mali, Burkina Faso, Chad, Sudán, Costa de Marfil…) o árabes (Siria, Yemen, Libia) en los que existe un conflicto armado. Es posible, por tanto, que muchas personas sean perfiles de protección internacional. Además, se aprecia que muchos de ellos son jóvenes adolescentes, lo que puede hacer pensar que algunos sean menores de edad y, por lo tanto, requieran de protección por parte de la Administración.

En ambos casos, es preciso que estas personas reciban la adecuada información sobre sus derechos, con la debida asistencia individualizada, y se activen mecanismos de protección, ya que la ley impide su devolución al país de origen.

SJM teme que las garantías de los derechos de las personas migrantes previstas en el ordenamiento jurídico queden en papel mojado. Durante los saltos se han dado devoluciones y rechazos en frontera. Aquellas personas que consiguieron llegar al CETI han sido identificadas por la Policía (art. 23 LOEX) para iniciar sus procesos de devolución. El temor existente, como en otras ocasiones, es que la asistencia letrada sea rápida y somera, sin tiempo suficiente para profundizar en las circunstancias personales de cada persona, en caso de que existan necesidades de protección. Además, los servicios de interpretación cultural suelen ser insuficientes. Es probable que España inicie procedimientos rápidos de menos de 10 días para acelerar entrevistas y resoluciones de asilo con el fin de agilizar las devoluciones a Marruecos: permanecemos atentos al desarrollo de los acontecimientos. En cualquier caso, se deben garantizar que se cumplen todos los derechos.

Los acontecimientos de estos días han dejado escenas terribles. Tanto del lado español como del lado marroquí apreciamos personas con heridas graves que han requerido hospitalización, también entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas lesiones se explican por la combinación de obstáculos arquitectónicos dañinos y un uso desproporcionado, en ocasiones, de la fuerza por parte de los agentes, lo que convierte a la frontera sur en un espacio con un marcado carácter violento. Especialmente preocupante es el hecho de observar a numerosos policías y guardias civiles sin lucir la adecuada identificación numérica.

El SJM trabaja acompañando las experiencias de lo que viven y padecen las personas migrantes, tratando de sanar las heridas producidas. El equipo jurídico del SJM se moviliza para prestar asistencia letrada en los procedimientos de devolución y de protección internacional, a la vez que redobla esfuerzos con otras entidades presentes en el terreno para detectar a las personas susceptibles de algún tipo de protección de acuerdo con la ley española. Como entidad de la Iglesia católica, la prioridad es poder estar cerca de las personas.