Lo sucedido el pasado viernes en la frontera de Melilla es consecuencia de una política migratoria deshumanizadora

  • Los jesuitas lamentan profundamente las vidas perdidas en Nador el pasado viernes y reclaman la necesidad de vías de acceso a la protección legales y seguras. 
  • Los abogados de Servicio Jesuita a Migrantes prestan asistencia letrada a algunas de las personas que han llegado a Melilla y cuyos expedientes de devolución han sido paralizados al haber expresado su intención de solicitar protección internacional.
  • Entreculturas y Alboan trabajan en alianza con organizaciones locales de atención a personas migrantes en tránsito en Nador y Tánger, así como en muchos de los países de origen. 
  • Denunciamos que estos hechos suceden como consecuencia de una perspectiva única de seguridad y férreo control en la frontera, donde se observa una ausencia de asistencia humanitaria y graves vulneraciones de derechos humanos.

Madrid/Melilla, lunes 27 de junio de 2022. Las obras sociales de la Compañía de Jesús trabajando en la frontera sur lamentamos profundamente la muerte de, según cifras de las autoridades marroquíes, al menos 23 personas cuando trataban de saltar la valla en la zona de Barrio Chino de Melilla el pasado viernes 24 de junio. En las imágenes grabadas en el lado marroquí de la frontera se aprecia la dureza del dispositivo policial y un trato inhumano para repeler este intento de acceso, hechos preocupantes que pueden suponer vulneraciones de derechos humanos.

Por otra parte, como ha sucedido en situaciones similares previas, en el lado español se observan rechazos en frontera de personas lesionadas, algunas de ellas que podrían ser menores de edad, todas con más que probable perfil de protección internacional. El Servicio Jesuita a Migrantes, Entreculturas y Alboan demandan al Gobierno de España que se valga de los canales diplomáticos para que las autoridades marroquíes abran una investigación rigurosa que aclare las circunstancias en las que estas personas han perdido la vida en la frontera, así como la identificación de las personas fallecidas y la puesta en conocimiento a sus familiares.

Lo acontecido en la frontera de Melilla es consecuencia de una política migratoria y de gestión de las fronteras inhumana e irresponsable. La insuficiencia de vías seguras y legales eficaces para acceder al territorio europeo y a la protección internacional obliga a las personas que huyen de situaciones de conflicto, violencia o escasez de medios de vida a poner en riesgo su vida y su integridad física. Y en este contexto lo que se observa son situaciones de excesiva dureza por parte de las autoridades que tristemente desembocan en numerosas vulneraciones de derechos y, en ocasiones, en muertes. Por desgracia, en la frontera prevalece la perspectiva de seguridad por encima de la humanitaria.

El equipo jurídico de SJM trabaja acompañando y prestando asistencia letrada a algunos de los jóvenes que consiguieron llegar al CETI de Melilla el pasado viernes, cuya voluntad de solicitar protección internacional está siendo respetada y actualmente tramitada. Esto supone la paralización de cualquier procedimiento de devolución incoado. La mayoría de los jóvenes proceden de Sudán, un país inmerso en una grave crisis social y con altas tasas de reconocimiento de protección por parte de España. Es necesario recordar que el CETI no es una dependencia policial y que las personas que se encuentran allí no deben ser privadas de libertad.

Entreculturas, Alboan y el SJM demandan una revisión de las políticas europeas en materia exterior. El desvío de fondos de cooperación para control migratorio debe acabar de manera inmediata y el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo debe ser más garantista con los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Igualmente demandamos una mayor coherencia del Gobierno español con lo establecido en el anteproyecto de Ley de Cooperación en el que se recoge el objetivo de “fomentar un enfoque integral de la migración centrado en las personas y sus derechos”.

Tras años de trabajo en esta frontera sur, una de las más desiguales del mundo, en esta crisis está en juego la coherencia con los valores y principios europeos, así como nuestra capacidad para construir un futuro justo, pacífico y sostenible que sólo será posible bajo principios democráticos y garantía de derechos.  

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Análisis de la propuesta de reforma del Reglamento de Extranjería

En el Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2022, se acordó autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la tramitación administrativa urgente de un proyecto de Real Decreto que modifique el Reglamento de Extranjería. La tramitación urgente implica prescindir de algunos trámites (como la consulta pública) y la reducción de plazos de otros como la información pública.

El viernes 3 de junio se abrió el plazo de audiencia e información pública para recoger aportaciones de la sociedad civil durante 7 días hábiles, hasta el lunes 13 de junio. Se sometió a información pública un proyecto de Real Decreto que modificaría 18 artículos del Reglamento de Extranjería, acompañado de la Memoria de Análisis de Impacto Normativa. 

4 IDEAS CLAVE DE POSICIONAMIENTO DE SJM SOBRE LA REFORMA:

  • Muchas personas siguen estando fuera de la normativa: el carácter utilitarista de las propuestas deja al margen la realidad de la migración forzosa. Además, no acaba con la precariedad existente en estos sectores, obvia elementos de inclusión social no encaminados al empleo y no contempla la desprotección que se genera durante los plazos de tramitación administrativa.
  • Trata de establecer procedimientos de extranjería más simples y ágiles, aunque con medidas insuficientes para permitir mejoras en el corto plazo. 
  • Amplía y flexibiliza las figuras de arraigo, eliminando algunas barreras y creando una nueva figura de regularización.
  • Genera itinerarios más prolongados y sostenibles de contratación en origen para una migración legal y segura, aunque circular – centrada en el empleo y con obligación de retorno a país de origen.

Día Mundial de las Personas Refugiadas: Hospitalidad sí, Hospitalidad siempre

(Texto publicado originalmente en el Papeles nº 262, abril 2022, de Cristianisme i Justicia. Autores: Mª Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM, y Santi Torres, presidente del patronato de Migra Studium).

Más de 100 millones de personas en el mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares por diversas causas: guerras, conflictos, violencia, cambio climático, escasez de recursos, empobrecimiento… En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, 20 de junio, hacemos un llamamiento a la hospitalidad como forma de actuar ante esta realidad.

Hay cosas que no están a nuestro alcance y menos ahora, pero sí que está a nuestro alcance escuchar y estar muy atentos a la realidad que nos va llegando. Y esta realidad nos pide situarnos al lado de las personas, acercarnos a los que sufren y hacerlo con urgencia, desplegando la ayuda que sea necesaria para quien ha de abandonar su casa sin saber si podrá volver. Pero no solamente esto: tenemos que ir más allá, como hizo el buen samaritano que, después de curar las heridas de la persona necesitada que se encontró por el camino, se hizo cargo de ella (Lc 10, 25-37). Nosotros debemos encontrar también la forma de ofrecer hospitalidad… siempre.

TEXTO COMPLETO AQUÍ (web Cristianisme i Justicia)

Mesa de diálogo: Des-Atención Sanitaria en CIE

En la tarde del pasado 26 de abril ha tenido lugar la mesa de diálogo online ‘Des-Atención Sanitaria en CIE’. Organizada por SJM con la colaboración de las entidades miembro de la red que participan en el área de CIE, el espacio ha contado con la participación de varias personas expertas en materia de salud, con el fin de establecer un análisis y una reflexión sobre las múltiples deficiencias que existen en estos centros en cuanto a atención sanitaria se refiere, y cómo afecta esta realidad a los derechos de las personas migrantes internadas.

Josetxo Ordóñez, abogado de la Fundació Migra Studium de Barcelona que forma parte de la red SJM, inició el acto como moderador de la mesa. En su intervención recordó la figura de Samba Martine, fallecida en 2011 en el CIE de Aluche tras una acumulación de deficiencias en su atención médica. Más de diez años después, el Estado español fue condenado a indemnizar a la familia de Samba tras admitir la responsabilidad de los organismos públicos en su fallecimiento. Sin embargo, a día de hoy, el Ministerio de Interior, una de las dos administraciones condenadas junto al Ministerio de Inclusión, no ha efectuado el pago de la sanción correspondiente.

A continuación, Sagrario Martín, médica de atención primaria y voluntaria de Médicos del Mundo, enumeró los derechos que tienen las personas internas a la atención sanitaria individualizada, así como a la asistencia farmacológica en CIE. Además, las carencias de recursos de interpretación cultural suponen una traba a la hora de prestar el servicio. Una realidad que se aprecia en CIE es la dificultad de establecer canales de diálogo fluidos por parte de las organizaciones sociales que acompañan a los internos con los responsables sanitarios que trabajan en los centros.

María Paramés, enfermera y colaboradora de la ONG Mundo en Movimiento, que visita el CIE de Madrid con especial foco en mujeres y colectivo LGTBI, expuso cuáles son las dimensiones (física, mental, emocional, social y espiritual) del derecho fundamental a la salud, entendida como el bienestar personal y también como el acceso a la atención médica, en estos centros, y cómo las deficiencias en este acceso afectan a las personas que sufren la privación de libertad en su día a día, especialmente en su salud mental.

Por último, Benito Morentin, médico forense, centró su participación en el papel de la profesión médica en la importancia de los partes de lesiones en relación con agresiones y autolesiones (como prevención de posibles casos de suicidio) y cuáles son los estándares mínimos nacionales e internacionales en cuanto a prevención de la tortura se refiere. Para finalizar, Morentin proporcionó una serie de recomendaciones para la mejora de los partes de lesiones y de la atención médica en los CIE.

El acto se cerró con una ronda de preguntas y reflexiones compartidas con aportes para mejorar las condiciones de internamiento y atención sanitaria de las personas migrantes que sufren la privación de libertad y garantizar que sus derechos se cumplen conforme a la ley.

PUEDES VISIONAR AQUÍ EL ACTO COMPLETO

La acción de SJM para la acogida de personas desplazadas de Ucrania

Contexto

Según estimaciones de la Comisión Europea, entre 2,5 y 6,5 millones de ucranianos pueden verse obligados a desplazarse por el conflicto armado, y entre 1,2 y 3,2 millones de ellos y ellas solicitarán protección internacional.  Ante esta realidad, acogemos con satisfacción la respuesta de los Estados Miembros de la UE que ha activado el procedimiento para proporcionar protección temporal en casos de máxima afluencia de refugiados, tal y como prevé la Directiva de Protección Temporal, otorgando a los refugiados ucranianos automáticamente una autorización de residencia y trabajo en los estados miembros.

Queremos subrayar que todas las personas que huyen del conflicto en Ucrania deberían poder salir del país, independientemente de su nacionalidad. Una vez estén a salvo, y en condiciones de acogida adecuadas, las necesidades de protección de los nacionales de terceros países que no sean ucranianos pueden evaluarse de acuerdo con los procedimientos existentes y puede y debe facilitarse la repatriación de quienes deseen regresar a sus países de origen.

Además de la respuesta inmediata, los Estados Miembros de la UE deben debatir y acordar rápidamente un plan de reparto de responsabilidades, que incluya medidas claras de reubicación, para garantizar que la carga de trabajo de los países vecinos de Ucrania se mantenga bajo control y que puedan asegurarse las normas de protección y las condiciones de acogida de la UE. Por último, también es imprescindible reconocer las necesidades de protección de los ucranianos que ya estaban fuera del país cuando empezó el conflicto.

El Gobierno español se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para que las personas de origen ucraniano puedan permanecer y trabajar en nuestro país, acceder a la atención sanitaria y educativa, así como a las ayudas sociales que correspondan. En este sentido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado los contactos y trámites para coordinar y preparar el dispositivo de acogida de personas procedentes de Ucrania. En diálogo con las Comunidades Autónomas y las entidades del sistema de acogida a refugiados está desarrollando los canales de información y acceso a la protección y a los derechos de acogida estableciendo puntos de atención en cada provincia para atender a las personas ucranianas.

Criterios comunes de actuación de SJM

En un contexto como el actual, nos sentimos conmovidas por la realidad y surge de nosotras el deseo de actuar, de aportar nuestro grano de arena en la acogida de personas que huyen de la guerra. En este momento de urgencia es fundamental equilibrar el deseo de ejercer hospitalidad con la necesidad de hacerlo en base a criterios que sostienen nuestro modo de proceder.

Universalidad, quenos lleva a no hacer distinción entre personas refugiadas y/o migrantes en otras circunstancias. Nuestra mirada compasiva y nuestra solidaridad se hace extensiva al conjunto de las personas que a diario abandonan sus hogares, de tantos países (Siria, Afganistán, Ucrania, Mali, Sudán, Yemen, Colombia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua)  y por cualquier causa, y que son víctimas de diversas formas de violencia en el tránsito y en las fronteras. En este sentido nuestro primer objetivo es continuar ofreciendo atención a las personas que ya estamos acompañando y a la vez, mantener nuestras puertas abiertas para las que puedan llegar en el futuro.

Mayor necesidad, que fija nuestra atención en los “agujeros” del sistema de protección internacional y en el acompañamiento a las personas migrantes y refugiadas más vulnerables, especialmente aquellas que quedan al margen de la protección. Para ello tenemos en cuenta:

  • La subsidiariedad: evitar sustituir la acción del Estado y la creación de sistemas paralelos de protección.
  • La complementariedad: apoyar y extender el sistema de apoyo e integración en aquellos puntos en los que este es débil e insuficiente.
  • La adicionalidad: para extender las posibilidades de migración legal y segura y aumentar la capacidad de acogida del estado con programas de patrocinio comunitario u otras vías alternativas.
  • La integralidad: atender los procesos de inclusión e integración sostenibles y de largo recorrido para promover la inclusión y la participación de las personas de origen extranjero. 

Coordinación y trabajo en red, articulando nuestras capacidades, recursos y energías con las de otras organizaciones con las que compartimos trabajo y misión, porque sabemos que de esta forma dan un mayor fruto.

El papel de SJM ante las migraciones forzosas

En este marco, la aportación de las organizaciones del Servicio Jesuita a Migrantes, y de muchas otras, que tienen como misión la acogida de migrantes y refugiados se desarrollará, como ya se viene haciendo:

  • Ofreciendo servicios de primera acogida y orientación básica a personas recién llegadas, entre las que prevemos que durante los próximos meses se incrementará el número de personas de origen ucraniano. Desde SJM seguiremos informando y orientando a todas las personas sobre sus derechos y canalizando las mismas hacia el sistema de acogida a refugiados.
  • Desarrollando proyectos que faciliten la incorporación e integración de las personas migrantes y solicitantes de asilo a la sociedad, con el acento en la dimensión comunitaria y favoreciendo la creación de redes de apoyo.
  • Sosteniendo y ampliando los proyectos de hospitalidad, en los que son acogidas las personas – de cualquier origen – que – por cualquier motivo – no tienen posibilidad de acceder al sistema oficial de protección, así como las que necesitan protección durante períodos más largos porque la vulnerabilidad de su situación personal, social o familiar así lo requiere. A la vez y en la medida en que sea necesario, participaremos en la oferta de acogidas temporales de emergencia ante la posibilidad de colapso temporal del sistema de primera acogida.

Así, en el corto plazo, nuestro reto será fortalecer nuestras capacidades de atención para ampliar la respuesta a la realidad, ya sea por la llegada de personas de origen ucraniano que se suman a las que ya estamos acompañando, como por la disminución de recursos disponibles para proyectos que vayan más allá de la atención a la emergencia. En algunos territorios ya se han iniciado acciones dirigidas a dar respuesta a necesidades detectadas a nivel local por parte de las organizaciones que forman parte de la red SJM.

En el medio y largo plazo, nuestra mayor aportación será continuar fortaleciendo nuestra red de hogares y comunidades de hospitalidad, para que sigan estando al servicio de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, favoreciendo su inclusión comunitaria y la vida compartida. El SJM quiere ayudar a canalizar y hacer sostenible en el tiempo la solidaridad ciudadana tratando de articular estos esfuerzos con el conjunto de la respuesta a Ucrania y, de fondo, con las realidades de la movilidad humana forzosa que son manifestaciones globales de una cuestión estructural de inestabilidad y violencia global.

Apoyar a la emergencia

El trabajo en el terreno (en Ucrania y en países vecinos) del JRS (Servicio Jesuita a Refugiados) es a día de hoy fundamental y requiere de nuestro apoyo, para hacerlo es posible hacer donaciones a través de la campaña de emergencia de las  organizaciones de cooperación internacional del Sector Social de la Compañía de Jesús en España: https://emergenciaucraniajesuitas.org/

El SJM pone a disposición un canal de atención para canalizar las posibles peticiones que puedan llegar, tanto consultas o dudas, como ofrecimientos de colaboración. Puedes contactar con el Servicio Jesuita a Migrantes para obtener más información: consultas@sjme.org


PUEDES APOYAR AQUÍ EL TRABAJO DE EMERGENCIA CON LA POBLACIÓN UCRANIANA DESPLAZADA

Mujeres en Marcha: mujeres migrantes, mujeres con derechos

  • Con motivo del día internacional de la mujer Alboan, Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes de España (SJM) y Fundación Ellacuría han presentado Mujeres en Marcha, una iniciativa que pone en el centro los derechos de las mujeres y niñas, con especial atención a los de las mujeres migrantes y refugiadas.

El centro Arrupe Etxea de Bilbao ha sido el escenario donde se ha presentado la iniciativa con una rueda de prensa en la que han participado un grupo de mujeres comunicadoras que recientemente han viajado a la República Democrática del Congo con el fin de salir al encuentro de mujeres que han sufrido violencias en sus procesos migratorios y que luchan por defender sus derechos desde distintos espacios. El acto ha sido conducido por la comunicadora Pili Kaltzada y ha contado con la participación de Sara Diego, técnica de incidencia política de Alboan; Caddy Adzuba, abogada y activista congoleña, Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2014; África Baeta, periodista de EiTB; Jenny Paula Tenorio, colaboradora de la Fundación Ellacuría; y Lucía Rodríguez, responsable de Incidencia en Entreculturas.

Con el telón de fondo de la presentación del informe ‘Mujeres en Marcha, la realidad de las mujeres en los procesos migratorios’, se ha presentado una campaña de recogida de firmas en la plataforma visibles.org que pretende incorporar la perspectiva de género al Pacto de Migración y Asilo que la Unión Europea presentó en 2020.  Para ello, las organizaciones impulsoras lanzan cinco propuestas y recomendaciones para que las mujeres migrantes y refugiadas sean consideradas también en el centro de las políticas europeas en materia de protección e inclusión. El documento de la Unión no reconoce las violencias específicas que enfrentan las mujeres y que incrementa la discriminación y la desprotección.

Haz click aquí para firmar por los derechos de las mujeres migrantes

Vigilia de oración ante el CIE de Barcelona para reclamar hospitalidad

Más de doscientas personas se reunieron el pasado sábado 22 de enero frente a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Era la octava edición de una vigilia de oración que organiza el grupo de la Fundación Migra Studium que visita habitualmente a los internos del CIE, y que contó con la adhesión de unas ochenta entidades. Este año, bajo el lema “Basta internamientos y expulsiones. ¡Queremos hospitalidad!”, un grito claro, breve y conciso. Un clamor de denuncia y esperanza.

La iniciativa ha servido para denunciar el sufrimiento injusto e inútil que sufren las personas migrantes internadas en estos centros. Este año, la gestión del CIE de Barcelona ha seguido marcada por la pandemia, con las puertas cerradas y las visitas prohibidas hasta el 16 de junio. Desde entonces, familiares y ONG hemos podido entrar en cuentagotas, y con muchos obstáculos y limitaciones. De nuevo, hace una semana que ha vuelto a perderse el derecho a visitas, según ha dicho el director, por un brote de coronavirus en el centro. Esta privación de libertad humilla, criminaliza y estigmatiza al conjunto de la población migrada, lo que repercute negativamente en la opinión pública.

La primera parte del acto consistió en la lectura de los testigos recogidos por los voluntarios y voluntarias de Migra Studium que visitan el Centro de Internamiento. Los casos de Ahmed, Adil, Salim y Karbal eran sólo una muestra de la realidad de sufrimiento que se vive detrás de los muros de un CIE. Testimonios, escuchados en silencio, a las puertas del CIE, hacían resonar el dolor, la dignidad y la determinación. “Llegué a Europa con 15 años. Ahora, ya con 30, solo quiero poder establecerme aquí, hacer mi vida, pero las cosas no son tan fáciles. El día 58 de internamiento contacto con la voluntaria, manteniendo la esperanza de quedar en libertad”, decía Ahmed el día antes de que lo expulsaran; «soledad, soledad y más soledad», decía Salim, expulsado en Argelia después de 30 días de internamiento, sin previo aviso, horas antes de que Argelia cerrara oficialmente su frontera con España por la pandemia.

La hostilidad que representa el CIE se ha contrapuesto con los testigos de hospitalidad de Amadou y Hafid. Personas migrantes o refugiadas que han podido contar con la acogida y apoyo de las familias de la Red de Hospitalidad. 

La noche fría, los muros y las vallas ahogaban, el eco de la megafonía rompiendo la música y el silencio y la lejanía del lugar, sirvieron para todos los que se acercaron a la Zona Franca, para tomar conciencia de uno de los muchos agujeros negros de injusticia y sufrimiento que genera nuestro mundo. Como suele decir la gente de Migra Studium: «seguiremos acompañando y seguiremos denunciando, hasta que el último de los CIE cierre».

Informe ‘Población de origen inmigrado en España, 2021’

Publicamos el informe anual ‘Población de origen inmigrado en España, 2021’. Un análisis demográfico, a la luz de los datos oficiales, de población extranjera y nacida en el extranjero en España y su evolución durante la última década. Esta vez el análisis profundiza en las consecuencias que ha tenido el Brexit en los grupos de población de nacionalidad británica en España, así como el impacto del cierre de fronteras internacionales durante 2020.

A comienzos del año 2021, la población nacida en el extranjero suponía el 15,22% del total de población en España (7.214.878 personas por la población total de 47.398.695), según datos del Instituto Nacional de Estadística. En términos de población con residencia fija, el porcentaje de personas extranjeras residentes era del 11,33%.

La variación de cifras de población total residente tuvo signo positivo: 66.081 personas más. Un dato menor a la variación interanual de casi 400.000 personas entre 2019 y 2020, pero que apunta a la consolidación de la recuperación de cifras migratorias iniciada en 2015, aunque señalando un momento de clara desaceleración.

En un año 2020 en el que el saldo de población española fue muy negativo, por el mayo número de defunciones respecto a nacimientos, como consecuencia también del impacto de la covid-19, el saldo migratorio ascendía a 219.357, muy superior al de la población residente total.

El Observatorio Permanente de la Inmigración, entidad perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cifra en 5.800.468 las personas extranjeras titulares de autorización de residencia. Una cifra mayor a las que señala el INE, quizá explicada por el número de personas que en la práctica no residen en España.

El Brexit ha tenido un efecto claro en la población extranjera de origen comunitario: un descenso de más de 300.000 personas con ciudadanía de otros estados miembros de la UE.

A pesar de observar una desaceleración de los movimientos migratorios en España, se aprecia un crecimiento destacado de la población residente nacida en Colombia (el grupo más numeroso con un aumento de más de 40.000 personas). Le siguen los nacidos en Venezuela (más 30.000), Marruecos (más 22.000) y Honduras (más 15.000). Con signo positivo también Perú, Argentina, Nicaragua y Brasil.

Informe Lumen VI: ‘La vida sin documentación: un camino lleno de obstáculos’

Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que celebramos el próximo 18 de diciembre, publicamos la sexta entrega de los informes breves técnicos LUMEN. Esta vez, el informe, que lleva por título ‘La vida sin documentación: un camino lleno de obstáculos’, aborda el tema de la irregularidad administrativa en la que se encuentran miles de personas extranjeras en España y las situaciones de vulnerabilidad y exclusión que tienen que vivir.

La irregularidad (comúnmente conocida como «estar sin papeles») es una mera situación administrativa, no implica delito ni tiene carácter penal. Puede afectar a muchos perfiles distintos de población migrante y por muy diversos motivos. Algunas de ellas apenas acaban de llegar a España y ven finalizada la vigencia de su visado, mientras que otras pueden llevar varios años viviendo en situaciones de irregularidad prolongada. En estos casos, muchas personas se ven abocadas a la economía informal como forma de sobrevivir (con el riesgo de sufrir explotación y abuso en las condiciones laborales), situaciones de exclusión financiera (sin poder abrir cuentas bancarias), o vivir con miedo a una posible detención y posterior expulsión.

Para poder acceder a la regularización, la ley contempla la figura del arraigo social. Sin embargo, uno de los requisitos es de difícil cumplimiento, ya que demanda poseer un contrato de trabajo de una duración no menor a un año. Esta circunstancia no se ajusta a la realidad del mercado laboral español, donde la precariedad y la temporalidad son muy elevadas, especialmente en los sectores que ocupan en su mayoría este colectivo. Además, los plazos burocráticos para resolver las solicitudes de regularización rara vez se cumplen en los periodos establecidos. La Administración tiene obligación de responder, pero no reconoce los derechos de las personas solicitantes al incumplir estos plazos, una circunstancia que podría resolverse dedicando los recursos adecuados.

Las situaciones de irregularidad administrativa conllevan un alto grado de angustia, desesperación y miedo a las personas que se encuentran en ella. La riqueza cultural y socioeconómica que aportan nuestros vecinos y vecinas tiene un valor incalculable. Por ello en SJM estamos llamados a acercarnos a la realidad que sufren y a defender sus derechos. Debemos denunciar las situaciones de violencia y exclusión que sufren como consecuencia, en muchos casos, del impacto de la irregularidad administrativa, y trabajar para que puedan ejercer como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y vivir con dignidad.

El SJM lamenta la ocasión perdida para poner fin a los rechazos en frontera

Ante el anuncio del acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno para la retirada de las devoluciones en caliente de la ‘ley mordaza’, SJM reclama la necesidad de derogar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. 

Al no derogarse inmediatamente, en base al trabajo de observación y documentación de casos de personas que han sufrido devoluciones sumarias, el SJM considera imperativo su desarrollo reglamentario para que cumpla las condiciones de constitucionalidad señaladas por el TC.

Madrid, viernes 29 de octubre de 2021. En la mañana del viernes 29 de octubre se ha conocido la noticia del acuerdo al que han llegado los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para que la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no alcance a los rechazos en frontera. Esta información no deja indiferente al SJM, que lleva años documentando numerosos casos de rechazo en frontera y de otras formas de devolución sin garantías.El conocimiento alcanzado le reafirma en la convicción de que es preciso derogar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y respetar las garantías mínimas que prevé el procedimiento de devolución. SJM ve a personas con perfil de protección internacional y a menores devueltos sumariamente a Marruecos desoyendo su solicitud de protección. Asiste a personas que han logrado que se les admita a trámite la solicitud de asilo después de haber tenido que arriesgar la vida y la integridad física varias veces en las vallas y en el mar porque no tienen acceso a las Oficinas de Asilo y Refugio en los puestos fronterizos ni a los consulados. Y documenta expulsiones colectivas contrarias al art. 4 CEDH.

Este acuerdo no es novedad: ambos grupos parlamentarios llegaron a un pacto en el mismo sentido a finales de 2018, entonces con el pretexto de esperar a la sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; que sustituyen ahora por la referencia al Tribunal Constitucional cuando no vio motivo de inconstitucionalidad en el texto de la norma tomado en abstracto.

Si los socios de gobierno aplazan sin fecha la derogación o modificación de la norma, es imperativo su desarrollo reglamentario. Sin él es imposible cumplir con las condiciones de constitucionalidad reconocidas por el Tribunal Constitucional: pleno sometimiento al control de los órganos jurisdiccionales y atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidas mujeres embarazadas, niñas y niños, y con necesidades de protección.